Llamado mundial al Consejo de Derechos Humanos para el reconocimiento del Derecho a un Ambiente Sano

En el marco del periodo 45 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para el reconocimiento definitivo del Derecho a un Ambiente Sano como Derecho Humano a nivel universal.   Por. Abog. Victor Rujano Bautista.

A través de un documento denominado “AHORA ES EL MOMENTO”  cientos de organizaciones a nivel mundial entre las que se encuentran comunidades locales, movimientos sociales y pueblos indígenas han unido esfuerzos para exigir el reconocimiento de este derecho, entendiendo que un ambiente sano es “esencial para la vida y la dignidad humana”.

¿Por qué reconocer este derecho?

Los esfuerzos para lograr el reconocimiento del Derecho a un Ambiente Sano no son nuevos.  En el plano internacional, desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 se habían sentado las bases de este movimiento, reseñándose la preocupación existente por el medio en que se desenvuelven los habitantes del planeta, estableciendo por primera vez en un documento internacional el Derecho Fundamental a Disfrutar de Condiciones de vida adecuadas, que permitan su desarrollo integral y bienestar general. El principio 1° de la declaración de Estocolmo vinculó por primera vez normas de derecho ambiental con referencia a los derechos humanos, estipulando que: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

Veinte años después de Estocolmo, en la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro, se destacó en entre sus 27 principios que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.” Con ello se trató de darle el nivel de Derecho Humano al derecho a un ambiente sano, lo cual sirvió como punto de partida para que a escala internacional, y a su vez en los ordenamientos jurídicos de cada país participante, se resaltara su importancia e implicaciones frente a los retos ambientales que se avecinaban. 

Pese a que los documentos emanados de Rio de Janeiro no son en modo alguno vinculantes para los países signatarios al no ser tratados internacionales, establecieron ciertas responsabildades para los Estados en pro del desarrollo sustentable de los países. Así mismo, se creó en el seno de dicha conferencia la Comisión de Desarrollo Sostenible, que estaría encargada de vigilar el progreso de los países en la implementación y puesta en marcha de los principios fundamentales productos de tal reunión.

Del mismo modo, a nivel regional, este Derecho ha sido reconocido en el Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuya entrada en vigencia inició el 16 de Noviembre de 1999, y que en su artículo 11 consagra expresamente que “toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.

Una gran cantidad de países ya reconocen en sus legislaciones internas este derecho. En 1999 le tocó el turno a Venezuela, con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana, donde por primera vez en la carta política nacional se destinó un capítulo completo a la temática ambiental, y se contempló de manera expresa el Derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, como a continuación se transcribe, tomado del artículo 127:

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.”

De la disposición citada se observa claramente la intención del constituyente, que fue a su vez plasmada en la exposición de motivos, donde se indica que “además de establecer por vez primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos”. Continúa el texto indicando la necesidad de adaptar la norma fundamental a los tratados internacionales en materia ambiental para garantizar el desarrollo sustentable, y recalcando que los principios contenidos en el capítulo de los derechos y deberes ambientales se encuentran también dispuestos transversalmente a lo largo del texto constitucional, lo cual refleja la voluntad del legislador y su compromiso con esta problemática.

Aun así, a nivel universal todavía no se cuenta con un documento vinculante que reconozca este derecho, siendo cada vez mas evidente la importancia y urgencia de que esto sea plasmado a nivel internacional, en vista de el estado critico actual del ambiente y las consecuencias que esto trae para la supervivencia de nuestra especie.

¿Por qué ahora?

Es innegable que nuestro planeta se encuentra gravemente afectado por la actividad humana. El cambio climático es una muestra de las consecuencias que esto ha traído, afectando los derechos humanos de millones de personas en el planeta. Pero, un punto de inflexión importante en nuestra historia como humanidad, ha sido sin duda alguna el COVID-19, y así lo resalta el documento “AHORA ES EL MOMENTO” cuando menciona que “la actual pandemia del COVID-19 se genera en un marco de enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores cada vez más frecuentes, y está teniendo efectos devastadores en la realización de todos los derechos humanos en el mundo. Existe una evidencia clara entre la degradación ambiental a gran escala y la alteración de los ecosistemas naturales inducida por los seres humanos, y su vínculo estrecho con la aparición de estas enfermedades que, con mayor frecuencia, son transmitidas de animales a humanos. Para evitar otras catástrofes similares o peores, y asegurar una recuperación justa y equitativa en concordancia con el llamado de la Secretaría General de la ONU para «Reconstruir Mejor»,vii los Estados deben reconocer, respetar, proteger y satisfacer el derecho humano de todas las personas a disfrutar de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible.”

La pandemia que actualmente vivimos nos deja en clara evidencia que la destrucción de la naturaleza amenaza y afecta directamente a las personas, por lo cual resulta imprescindible reconocer la importancia de la protección del derecho a un medio ambiente sano, limpio, seguro y sustentable en la nueva realidad post-COVID.

“No hay derechos humanos en un planeta muerto”  

Con esta frase lapidaria, la campaña que hoy en día continúa abierta manifiesta la importancia de que, de una vez por todas, el Derecho Humano a un ambiente sano, limpio y seguro sea reconocido a nivel universal como derecho humano. El llamado está dirigido especialmente a la Organización de las Naciones Unidas para que se aprueben resoluciones que reconozcan el derecho a un ambiente sano en el Consejo de Derechos Humanos u en la Asamblea General, y que en definitiva se incluya este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este reconocimiento implicaría que desde el sistema universal de derechos humanos, se beneficiaría directamente a la justicia ambiental como norte, creando las bases para fortalecer políticas y leyes en materia ambiental de los Estados, lo cual se vería reflejado en mejoramiento de las condiciones ambientales, de la protección más efectiva de los recursos naturales, y de la promoción de prácticas y experiencias más sostenibles y amistosas con el entorno, creando un escenario mas favorable para la supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta como un todo.

La Asociación Civil CIMAS se ha unido a este llamado, y del mismo modo invita a las organizaciones de la sociedad civil a que suscriban este importante documento en apoyo a la campaña mundial “UN PLANETA, UN DERECHO”.

Suscribe el LLAMADO GLOBAL PARA QUE LA ONU RECONOZCA EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO AQUI