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Por: Abog. Victor Rujano Bautista (cimas.org@gmail.com)

El Acuerdo de Escazú, un tratado pionero en la defensa de la Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe, con el objetivo propuesto de garantizar el acceso a la información, fomentar la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, aún no cuenta con la firma ni la ratificación de Venezuela. Para nuestro país, es indudable que la adhesión al acuerdo puede significar un avance hacia la transparencia y responsabilidad en materia ambiental, sin embargo, Venezuela es parte de los ocho países en la región que no lo han suscrito, con implicaciones preocupantes para la gestión ambiental en el hemisferio. 

El contexto ambiental venezolano es sumamente complejo, en tanto por una parte, nuestro país es privilegiado en su biodiversidad, encontrándose entre los 17 países en el mundo llamados “megadiversos”; pero, como contrapartida, no escapa de las consecuencias de la triple crisis planetaria, siendo afectado por la explotación de la naturaleza, la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, así como los impactos del cambio climático, que el año pasado conllevaron a la pérdida del último glaciar en la región andina venezolana. Bajo este contexto, el Acuerdo de Escazú ofrece herramientas importantes no sólo para la protección del ambiente, sino también para garantizar plenamente el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, tal y como lo sostiene el artículo 127 de la Constitución Nacional. 

En ese sentido, el Acuerdo de Escazú se propuso como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible…”; ofreciendo una serie de estándares y obligaciones a los Estados frente a sus políticas ambientales y frente a sus ciudadanos. 

En cuanto al derecho de Acceso a la Información Ambiental  como uno de los pilares fundamentales del acuerdo, no cabe duda que la existencia y la posibilidad de acceso ciudadano sobre datos ambientales actualizados y científicamente respaldados, devendría en un fortalecimiento de las políticas públicas y rendición de cuentas, facilitando también una participación más informada en la toma de decisiones ambientales. Esta participación informada, a su vez, es otro de los pilares del Acuerdo de Escazú, en donde se fomenta el derecho de la ciudadanía a involucrarse en los procesos de formulación de políticas, leyes y proyectos que puedan nutrir la gestión ambiental en el contexto nacional y local, colocando a las comunidades afectadas en un rol protagónico para lograr una gobernanza más sensible a las realidades territoriales. Por último, el acceso a la justicia en asuntos ambientales complementa los pilares del Acuerdo, garantizando que los ciudadanos tengan la posibilidad de recurrir a mecanismos judiciales y efectivos ante la afectación de derechos ambientales, así como la disposición de medidas oportunas ante daños ambientales.  

En un contexto nacional como el nuestro, la no ratificación del Acuerdo de Escazú plantea serias interrogantes sobre la gestión ambiental y la voluntad necesaria para enfrentar la crisis ambiental de la que no estamos exentos, mientras que nuestros pares latinoamericanos avanzan a paso veloz en la implementación de este tratado en beneficio tanto de la institucionalidad ambiental, como de la propia naturaleza. A pocos años de su entrada en vigencia, el Acuerdo de Escazú ya ha influenciado decisiones judiciales en los países suscriptores, y ha marcado pauta en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ampliando pues el marco regulatorio ambiental de la región y esclareciendo el panorama frente a violaciones de los derechos protegidos por el tratado internacional objeto de estudio.

La ventana para que Venezuela se adhiera al Acuerdo de Escazú sigue abierta, y su futura ratificación sería una señal clara del compromiso nacional por garantizar los principios de justicia ambiental y la protección del derecho a un ambiente sano. En un escenario global y local en donde los desafíos ambientales se encuentran en crecimiento acelerado, la adhesión al acuerdo sería, sin lugar a dudas, un paso fundamental para la reconciliación ambiental, y una apuesta para una gobernanza ambiental más justa y participativa en nuestro país.

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